Puerto de Valparaíso reingresa proyecto de ampliación del Terminal 2 al SEA

Tras varios años de espera, y en el marco del Acuerdo por Valparaíso, la empresa estatal Puerto Valparaíso presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) las modificaciones propuestas para el esperado proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), las cuales buscan reflejar las preocupaciones e inquietudes de la comunidad.

El proceso se remonta a 2022, periodo en el cual el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente y suspendió los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto en 2018.

¿La razón? la autoridad instruyó volver a evaluar dos componentes de la autorización ambiental original, referidos a impactos sobre el paisaje de Valparaíso y en los pescadores de la ex caleta Sudamericana.

“El diálogo y los consensos han sido el camino que nos permitieron diseñar un proyecto que duplica la capacidad del puerto y, al mismo tiempo, fortalece la economía de la región y mejora la calidad de vida de la ciudad”, detalló el presidente del directorio Luis Eduardo Escobar, agregando que las medidas propuestas buscan hacerse cargo de los impactos les pidieron evaluar.

Reformas al proyecto

En cuanto a las modificaciones específicas presentadas en la Adenda ingresada al SEA, Escobar detalló que una de las más significativas es la reducción de las dimensiones del muelle propuesto (de 785 a 430 metros), lo cual minimiza el impacto visual y ambiental en la ciudad. Además, el directivo declaró que se incluyeron propuestas para mejorar la integración urbana, tales como la creación de un nuevo espacio público con vistas al mar, la extensión del paseo costero, la construcción de una plaza en la Estación Bellavista, el levantamiento del nuevo ascensor “El Arrayán” y un mirador en el Sitio Costanera.

En cuanto a las medidas relacionadas al componente medio humano, la empresa desarrolló un plan para asegurar la convivencia y gestión de la actividad pesquera durante la construcción de la nueva caleta en Roca la Baja, el cual incluye la implementación de un mecanismo de resolución de conflictos en la caleta El Manzano en Quintero, y un compromiso ambiental voluntario para mantener la infraestructura necesaria para la actividad pesquera artesanal.